A raíz de la autorización que le ha dado el Congreso a Petroperú para operar el lote 192 hemos visto muchísimas críticas, que señalan la movida como un despropósito, un giro populista, un acto de oportunismo, una expresión de desgobierno, el regreso al velasquismo, el inicio del chavismo en el Perú, etc. Posiblemente la reacción más agresiva ha sido la de Rosa María Palacios, quien señaló en su blog que la demanda de la “izquierda estatista” de que Petroperú vuelva a la explotación es consistente, ya que “es una estupiez (sic) coherente con las demás estupideces que reclaman”. En los comentarios al artículo, la periodista lamentaba la “cantidad de estupideces que por ignorancia se repiten” y que “vivimos en la ignorancia popular y el caos estatal”.

Pues bien, yo no dudo del amplio conocimiento de la señora Palacios sobre el tema petrolero y tampoco pienso que el Perú deba volverse “estatista”. Pero en general considero que la identificación ideológica con el libre mercado y en contra de la participación empresarial del Estado que estamos viendo es tan apasionada que llega a ser irracional, y lo que es peor, que la mayoría de críticos no están presentando los elementos completos cuando entran en este “debate”.

Lo que está pasando ahora no es, ni de lejos, un giro hacia el estatismo en el Perú. Desde comienzos de los noventa el país ha tenido un neoliberalismo mucho más radical que lo que hay en los otros países pro-mercado de la región, como Chile y Colombia, por ejemplo. Perú es el único caso en la región donde la actividad empresarial del Estado es subsidiaria y donde se le da el mismo trato a las empresas nacionales y extranjeras. Lo que aquí se presenta como verdad universal es un caso atípico en la región y el mundo. Más aún, hay varias empresas petroleras estatales operando actualmente o hasta hace poco en el país: por ejemplo Ecopetrol (Colombia), ENAP (Chile), KNOC (Corea). Según La República, el 95% de reservas petroleras está en manos estatales. Tener empresas petroleras nacionales que funcionen es algo común: no es sinónimo de socialismo ni mucho menos una “estupidez”.

Las críticas tampoco explican mínimamente lo que ha venido ocurriendo con Petroperú en las últimas décadas. Petroperú se privatizó por partes desde inicios de los noventa, y por supuesto que lo más rentable fue lo privatizado: campos petroleros con reservas probadas e infraestructura desarrollada, grifos, flota naviera y la refinería La Pampilla. Esta última supuestamente iba a ser modernizada por Repsol, que hizo caja durante más de quince años y ha retrasado sistemáticamente su modernización, al punto que expresó su interés en venderla. Petroperú, a diferencia del resto de empresas, no recupera el crédito fiscal por la exoneración del IGV en la Amazonía (alrededor de S/. 200 millones anuales). Los campos petroleros con reservas probadas que debieron revertir a Petroperú al concluir los contratos, no revirtieron: los lotes de Petrotech en la costa norte se le otorgaron a dos empresas estatales extranjeras (Ecopetrol y KNOC), el lote 64 de Talisman y Hess regresaron gratis pero la entrada de Petroperú a explotar continúa bloqueada. Y así podemos seguir, pero en resumen, lo que ha habido es un desmantelamiento sistemático precisamente para luego decir que la empresa es ineficiente, no tiene flujo de caja, hace décadas que no explota, etc. (Ver Humberto Campodónico 2013, aquí, entre muchos otros artículos del autor).

Ahora bien, dicho esto, sería absurdo suponer que una participación de Petroperú en el lote es garantía económica, social o ambiental. Nada asegura el éxito, más cuando hay tantos sectores poderosos interesados en que la empresa estatal no prospere. El lote 192 tiene pasivos ambientales y sociales muy serios, que como suele ocurrir, asume el Estado y rara vez los privados (lo común es que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas, no al revés). ¿Cuál es el récord socioambiental de Petroperú? ¿Tratará con más respeto a los indígenas de la zona? Los casos de corrupción en empresas estatales públicas tampoco deben tomarse a la ligera, basta mirar con lo que viene ocurriendo con Petrobrás. Es un hecho que hay muchas personas dispuestas a armar negociados para favorecer intereses particulares a través de Petroperú. Sin duda la gran prensa estará atenta a destapar este tipo de prácticas y recordarnos a todos que las empresas públicas no pueden funcionar.

La participación de Petroperú –y en general de las empresas estatales– en la explotación petrolera no es ni buena ni mala en sí misma. En el caso específico del lote 192 hay, sin duda, condiciones favorables para la participación de Petroperú (contrato de Pluspetrol concluido, reservas probadas, respaldo ciudadano, etc.). Pero su éxito depende de qué tan bien se organice la empresa (que podría ir en asociación con un privado), qué tan profesional sea su manejo gerencial, y claro, de la fluctuación de los precios del petróleo. Es pues, un caso complejo, que requiere políticas de Estado y amerita un debate alturado, con argumentos, y sin tildar de estúpidos e ignorantes a quienes no piensan como uno.

*Columna publicada originalmente en esahora.pe el 7 de septiembre de 2015