El JNE acaba de dejar fuera del proceso electoral a Julio Guzmán y a César Acuña por problemas administrativos en la inscripción de su fórmula presidencial y por entregar dinero a personas durante la campaña, respectivamente. La mayoría de expertos en legislación electoral han dicho que el derecho a la participación política está por encima de problemas administrativos menores, sobre todo al referirse al caso de Guzmán. Entre los competidores, solo Verónika Mendoza ha dicho con anticipación y claridad que es una falta de respeto a los ciudadanos que a un mes de las elecciones no se sepa quiénes son los candidatos, además de que las elecciones se definen en la cancha y no en una oficina. Fuera del país, la prensa extranjera reporta los sucesos con perplejidad y nos recuerda que no hemos visto maniobras de este tipo desde las elecciones fraudulentas del año 2000. Para completar el cuadro, la OEA ha expresado su preocupación por el manejo de los tiempos en las inhabilitaciones.  

Por su parte, un amplio sector de la prensa local y candidatos como Alan García y PPK señalan que las normas están para cumplirse y que no se puede culpar al JNE de la improvisación de Guzmán o los errores de Acuña. “La ley es la ley” es el mantra de quienes se relamen con la exclusión de candidatos importantes a un mes de las elecciones.

Hay varias cosas que comentar sobre la idea de que “la ley es la ley”. Para empezar, lo absurda que es esta tautología, muy similar a la famosa frase del Puma Carranza: “la U es la U”. La ley es siempre interpretable y discutible. En la opinión de muchos expertos, las tachas no se ajustan a ley. En la opinión de los dos miembros del JNE que votaron en minoría, tampoco. La ley, sobre todo en casos complejos como este, no es un absoluto que se tiene que tomar como verdad incuestionable, sino que se presta a interpretaciones. De ahí la extensa discusión jurídica sobre el caso, que podría tener un desenlace diferente en nuevas instancias.

Luego están las implicancias prácticas. Si "la ley es la ley", solo queda esperar que el JNE saque de carrera a Keiko, Alan García y PPK, por regalar dinero, por no cumplir las normas en la conformación de su alianza electoral y por porque la plancha presidencial la escogió un tribunal compuesto por no militantes, respectivamente. Si el JNE no saca de carrera a los tres, quedará claro que "la ley es la ley" solo para algunos. Es pues una variante de la vieja frase autoritaria latinoamericana: “para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley”. En este caso sería: “para mis amigos todo, para mis enemigos, el JNE”. Ahora bien, si el JNE decide sacar también a estos tres candidatos, tendríamos fuera a los cinco candidatos más establecidos de la contienda y el proceso en su conjunto perdería sentido. La legitimidad de estas elecciones ya está herida de muerte, pase lo que pase.

Por último, mención aparte merece la conexión entre el fallo del JNE y la discusión sobre la famosa “tramitología”. ¿La exclusión de Guzmán no es acaso muestra emblemática de la tramitología en el país? A un candidato consolidado, en campaña hace meses y con amplia simpatía electoral lo excluyen del proceso por un problema administrativo, a un mes de las elecciones. Cumplir al pie de la letra con las normas es casi imposible para partidos en crisis como los peruanos, que terminan creando comités y haciendo asambleas fantasma solo por cumplir con los formalismos. Es pues, pura tramitología. Si hubiera algo de consistencia, quienes se quejan a diario de la tramitología y las trabas burocráticas a la inversión, tendrían que ser los primeros en condenar las tachas a candidatos. Lo curioso es que muchos de los críticos más entusiastas de la tramitología empresarial repiten con gravedad que las tachas políticas son justas porque “la ley es la ley”.

*Columna aparecida en NoticiasSer.pe el 09 de marzo de 2016