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Que se vayan todos

Publicado: 2017-11-23

La revelación del financiamiento por parte de Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria a Susana Villarán ha sido un golpe muy duro a la izquierda y en general a la lucha contra la corrupción. Estas empresas ya eran contratistas en su gestión y entiendo que los contratos eran beneficiosos para ellas y lesivos para los ciudadanos (como suelen ser estos contratos, dicho sea de paso). Así se vuelve muy difícil defenderla.  

El golpe es duro porque la izquierda, en sus diferentes variantes, se ha presentado como alternativa a la corrupción de los partidos de derecha, que son casi por definición más cercanos al poder económico. La narrativa de “todos son corruptos”, esa que ecualiza escribir en una agenda con el desfalco documentado al Estado por miles de millones, ha logrado un importante triunfo. Triunfo doble porque avanza también la idea de que la única corrupción existente es la vinculada con Odebrecht, dejando en muy segundo plano las coimas, sobrevaluaciones, diezporcientos, conferencias y consultorías del resto de negociados que no han sido destapados para el Perú desde Brasil.

No ha habido campaña política relevante en el Perú que no haya tenido financiamiento privado. Y ese financiamiento se da para estar en buenos términos con la autoridad y de esa manera conseguir nuevas licitaciones, mejorar condiciones, recibir exoneraciones, acceder a información pública valiosa. No es un financiamiento inocente ni de convicción ideológica. En las elecciones uno termina evaluando qué mafia le parece menos perversa, porque sin financiamiento fuerte es prácticamente imposible hacer política en serio.

La respuesta al problema, como es costumbre en el Perú, viene siendo una tragicomedia. Los aportes de campaña no registrados, como tales, no son delito. Pero las denuncias y revelaciones sirven para el show mediático y el uso arbitrario de los sistemas de justicia: de ahí el hecho de que por las mismas acusaciones los más débiles como Ollanta y Nadine estén presos y los más poderosos como Keiko o Alan no solo estén libres sino que se dan el lujo de amedrentar a la prensa y atacar sin reparos a la Fiscalía.

¿Cómo salir de este problema, que no es anecdótico sino sistémico? Hay discusiones que deben darse en profundidad: financiamiento público a la política, democracia interna en los partidos, sanciones penales para el lavado de dinero en campaña, uso público del espectro electromagnético. Pero me pregunto –desde el desconcierto– si esto será suficiente para atajar la corrupción, que siempre encuentra la manera de avanzar. Una consecuencia penal obvia es que todos los implicados en corrupción, sin excepción, vayan presos. Por eso es crucial respaldar (y vigilar) la labor de la Fiscalía, porque si la gran mayoría de políticos tiene rabo de paja, lo que harán a las finales será un pacto de impunidad. Y eso sería catastrófico. Pero más allá de la responsabilidad penal está la cuestión política. Prácticamente toda la clase política se tiene que ir. Que se vayan.


Escrito por

Juan Luis Dammert B.

Ph.D en Geografía (Clark University, Massachusetts) y Licenciado en Sociología por la PUCP.


Publicado en

Ecología Política

Todos los proyectos ecológicos son simultáneamente proyectos político-económicos, y viceversa. David Harvey.