En los últimos días se han hecho visibles diferentes reacciones sociales y políticas frente al aumento exponencial de venezolanos en el Perú. Entre estas reacciones tenemos posiciones xenófobas como la de Belmont y también discursos de incondicional apertura y recepción solidaria a los hermanos migrantes. Estos discursos, muy populares en la prensa y las redes sociales, cometen el error de no tener mayor disposición para entrar en un debate serio sobre el tema, sino que insisten con la descalificación moral del resto, a quienes tildan de xenófobos sin distinciones.

Hay varios problemas con la migración venezolana que no solo deben discutirse, sino, sobre todo, abordarse políticamente. Varios de estos problemas ya han sido identificados. Entre ellos: las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes y el aprovechamiento inescrupuloso de peruanos para explotarlos; el hecho de que la migración se produce en un contexto de escasez de puestos de trabajo formales en el Perú, por lo que los migrantes compiten en el mercado informal con trabajadores precarios y también vulnerables, con la consiguiente tendencia a la baja en los ingresos; la falta de evidencia empírica y reflexión teórica sobre los impactos de la migración masiva hacia países subdesarrollados con 75% de la economía en la informalidad, como es el caso del Perú (para reflexiones en este sentido ver entre otros el artículo de Pedro Francke y el hilo abierto en twitter por @reformoagrario).

Es pues un asunto problemático, que de ninguna manera debe tratarse a la ligera. Los venezolanos no vienen a Perú de paseo, sino forzados por la crisis humanitaria generada por el estrepitoso fracaso del gobierno de Maduro. En un contexto delicado como este, corresponde ser solidarios con ellos. Sin embargo, a nivel estatal un apoyo improvisado podría tener efectos contraproducentes.

En su afán de posicionamiento continental antichavista, PPK decidió abrirles las puertas a los venezolanos para que lleguen al Perú. No era una decisión cualquiera: las democracias modernas están basadas en el Estado-Nación, donde la plenitud de derechos es ejercida, al menos en teoría, por los ciudadanos nacionales. Es esperable que la llegada masiva de no-ciudadanos genere efectos políticos como los que estamos viendo, por lo que la apertura de fronteras debe acompañarse de una política de Estado para gobernar los impactos de migraciones masivas. Tal vez PPK asumió que diseñar y debatir una política pública no era necesario sino que la mano invisible del mercado se encargaría de ordenar las cosas –o tal vez calculó que a los empresarios les vendría bien incrementar la disponibilidad de mano de obra barata. Como fuere, el hecho a destacar es que la apertura no vino acompañada de una política pública ni una estrategia política por parte del Estado peruano. Entonces, era esperable que aparezcan los problemas y que, en ese contexto, aparezcan también las reacciones xenófobas atizadas por políticos oportunistas. El esquema es harto conocido en Estados Unidos y Europa, por lo que no era difícil prever esta situación, más aun en año electoral.

Siguiendo también el ejemplo estadounidense, tampoco era difícil prever cómo sería de ingenua la reacción de la opinología progresista local. Entre los comentaristas progres, principalmente liberales, abunda la propensión por denunciar la xenofobia y desmarcarse de esta, con tufo de superioridad moral incluido. En nombre de la “antixenofobia”, ¿qué mensajes se les da a las personas comunes que han perdido sus trabajos, ven amenazadas sus condiciones laborales o tienen mayor competencia en su acceso a servicios básicos como el SIS? Vemos narrativas del tipo “este es un país de todas las sangres así que todos bienvenidos”, “está probado que la migración promueve el crecimiento económico de los países”, “los venezolanos en el Perú son pocos en comparación con los peruanos en el exterior”, “pedir orden es una forma de encubrir posiciones xenófobas” y “cómo puedes ser xenófobo si no sabes escribir correctamente”. En mi opinión, todas estas posiciones son superficiales, éticamente cuestionables (como señaló Pedro Francke, “siempre es fácil ser solidario cuando el costo lo cubren otros y no uno”) y, sobre todo, son políticamente peligrosas. Si a la xenofobia se le responde desde el moralismo arrogante, la cancha queda servida para los proyectos políticos discriminadores y fascistas, como lo que ha insinuado Belmont. El triunfo de Trump en EEUU debería habernos enseñado que la defensa moralista de lo políticamente correcto tiene tracción limitada, políticamente hablando.

¿Qué hacemos ahora? Para empezar, debatir seriamente, sin proponer disparates como la expulsión de todos los venezolanos o tildar alegremente de xenofobos a quienes expresan preocupación por la situación. Son urgentes los debates a fondo sobre los derechos y obligaciones de los migrantes, las reglas de juego para su incorporación en la sociedad y los impactos que tiene y tendrá este fenómeno en el país. Estos debates deben informar la política pública que el Estado peruano está en obligación de  implementar, en coordinación con los países vecinos. A estas alturas, exigir pasaportes de un día para otro es una medida reactiva que ilustra, nuevamente, la improvisación estatal frente al tema. Como es lógico, la gestión pública de la llegada masiva de venezolanos será resultado de disputas políticas. Si los sectores progresistas insisten en negar la existencia del problema, le dejarán la cancha libre a las soluciones xenofobas que están apareciendo. Y eso es lo que hay evitar.