El covid-19 ha venido decidido a cobrarnos todas las facturas. Es como una ley de Murphy a escala global: “si algo puede salir mal, va a salir mal”. Y ahora están desnudas todas nuestras vulnerabilidades.  

En el Perú hay condiciones para la tormenta perfecta. Los problemas del país están bastante bien diagnosticados. Economía informal, captura del Estado, corrupción, falta de civismo, precariedad en servicios públicos (salud, educación, seguridad), dependencia en la explotación de recursos naturales, discriminación, violencia de género y un largo etcétera. Todos estos se manifiestan con elocuencia en tiempos de pandemia: la masa de personas que “viven al día” y si no trabajan no comen, el temor a utilizar rápido recursos sin que haya grandes robos, la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social en el mercado, la rápida saturación del sistema de salud, el incremento de denuncias por maltrato de género al interior de los hogares, y otro largo etcétera.

Hay un problema de fondo, que en parte explica y profundiza los anteriores: la desigualdad estructural. La pandemia hace visibles las fracturas históricas de la estructura social. Una de ellas es la desarticulación en el sistema económico, o lo que ha sido diagnosticado como “dualismo estructural”. Simplificando: por un lado, hay un sector moderno de productores vinculado a tecnología de punta y que genera la mayor parte del PBI y aporta mayoritariamente a la caja fiscal; y, por otro lado, hay un enorme sector de productores caracterizado por la baja productividad y el escaso acceso a la tecnología que incluye a la gran mayoría de la población. Matices más, matices menos, esa ha sido la estructura económica del país, desde siempre. Y así, alrededor de 70% de la PEA trabaja en la informalidad. Y al interior del otro 30% la desigualdad económica es también aguda. La formalización en la economía, la redistribución de ingresos y la consolidación del mercado interno son horizontes de política que ahora se vuelven urgentes.

Lógicamente, estos problemas no se resolverán en el corto plazo. Pero sí podrían profundizarse con la pandemia. La respuesta del Estado frente a la crisis se convierte en un intenso campo de disputa. ¿En qué sectores debe concentrarse su respuesta? Los grandes intereses económicos presionan desde ya para que se atienda su agenda. El Gobierno ha anunciado paquetes de reactivación que habrá que mirar con lupa. Para la población más necesitada hay otros instrumentos como el bono de 380 soles, el bono a independientes y la repartición municipal de víveres. Mención aparte merece la agricultura familiar, que hoy literalmente alimenta al país, pero no recibe medidas claras de protección por parte del Estado, a pesar de su importancia crucial.

Los altos niveles de desigualdad dificultan la identificación con un proyecto nacional colectivo. El espectáculo de las AFP y las inolvidables demandas de CONFIEP por autorizar el cese colectivo han ocasionado una severa crisis reputacional en las grandes empresas, cuya capacidad de pensar en el país y no solo en sus intereses inmediatos ha quedado en entredicho.

Pero más allá de las dualidades, frente al covid-19 todos estamos en la misma página. El virus le puede dar a cualquiera, rico o pobre, formal o informal, independiente o asalariado. Y más aún, en caso seamos contagiados, todos tendremos que atendernos en el sistema de salud pública. Ese sistema de salud pública que las personas con dinero evitan, por su precariedad. Ahora más que nunca nos pesa que Perú está a la cola de la región en inversión de salud como porcentaje del PBI. El único peor que nosotros en esto es Venezuela. El coronavirus no discrimina entre ricos y pobres, ni da la posibilidad de tratamiento en la clínica privada de confianza de quienes pueden pagarla. Como dijo el presidente, este virus es muy democrático.

Las imágenes simultáneas de un sistema de salud por los suelos y un empresariado exigiendo condiciones favorables simbolizan las décadas de desigualdad estructural que arrastramos. Este contraste brutal debería dejar claro que las medidas hacia adelante no deben ser para “volver a la normalidad”, sino para cambiar radicalmente una realidad que se evidencia como disfuncional. La normalidad de antes podía parafrasearse como “para mis amigos, el beneficio privado, para el resto, el sistema público de salud”. Ahora esa normalidad nos estalla en la cara.

Si la inercia nos lleva a sacrificar vidas para salvar grandes intereses económicos y volver al “business as usual”, cosecharemos tempestades. El Perú de la discriminación y el sálvese quien pueda será todavía peor. El golpe económico será brutal, sí. Pero una cosa es quebrar y otra cosa es morir, ya sea ahogado o de hambre. Si el Estado quiere conservar su legitimidad, tendrá que priorizar la vida de la población hoy (y la reducción de las desigualdades mañana). Así esto implique intervenir hospitales privados, echar mano de reservas internacionales para construir hospitales de campaña, cobrar impuestos a las grandes fortunas u obligar a industriales a elaborar respiradores.

La dualidad social es de larga data, recordemos si no la república de indios y república de españoles. Pero hoy la respuesta debe ser unitaria: salvar la mayor cantidad de vidas. Y asumir que, antes que una fuente de negocios, somos una nación.