El sueño restaurador convertido en pesadilla
El gobierno de Merino reúne una coalición reaccionaria que busca garantizar la impunidad de grupos investigados por corrupción, desmantelar la reforma universitaria, copar el Tribunal Constitucional, usar el presupuesto público para fines irresponsables e influenciar el resultado de las elecciones de 2021. Sin embargo, el gobierno carece de legitimidad y su proyecto es políticamente inviable. La movilización ciudadana abre una Caja de Pandora, de pronóstico reservado, que podría traer unas consecuencias diametralmente opuestas a lo que imaginaron los promotores de la vacancia.
Más de tres cuartas partes del país no estaba de acuerdo con la idea de una vacancia presidencial, por las razones evidentes: las elecciones ya están convocadas para abril, lo último que necesita el país es inestabilidad en un contexto de crisis sanitaria y económica, y el presidente Vizcarra iba a ser juzgado al terminar su mandato. A pesar de todo esto, un Congreso con bajísima aprobación y más de la mitad de sus miembros bajo investigación fiscal, aprobó la vacancia de un presidente popular y que estaba de salida. Los argumentos legales se reducen a una interpretación dudosa: que solo hacen falta 87 votos en el Congreso y una excusa para quebrar un mandato presidencial. Con ayuda de la gran prensa -incluyendo al Grupo El Comercio que ahora busca distanciarse de las consecuencias de su propia campaña mediática- insistieron con la idea de que, “si hay indicios de culpabilidad, el presidente debe ser vacado bajo la figura de incapacidad moral permanente”. Como sabemos, esta figura no está regulada y queda a discreción de los congresistas.
Los votos no fueron 87 sino 105. La frase que resume más acertadamente a los impulsores de la vacancia es de Jo-Marie Burt: “una coalición de los corruptos”. Hay diferentes grupos con distintas agendas. Hay una gran agenda vinculada con la impunidad. Más de la mitad de los parlamentarios tienen investigaciones fiscales en curso. En realidad, la mayor parte del elenco estable de la política peruana (notablemente el Apra y el fujimorismo) también está bajo investigación y fue arrinconada por la Fiscalía y el empoderamiento de Vizcarra. Controlar sus procesos fiscales, en la medida de lo posible desde el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, es clave para asegurar la impunidad. Una segunda agenda es la de las “universidades bamba”, fuente de caja para varios grupos políticos, el más visible Podemos de Pepe Luna. Recordemos que Luna fue detenido a pocos días de la vacancia. Desmantelar la reforma universitaria es un objetivo visible. A estas agendas hay que sumar el objetivo de que no avancen los temas progresistas en diversidad sexual, aborto y derechos de las minorías; y los puntos delirantes de UPP: la liberación de su líder Antauro Humala y la pena de muerte para “corruptos”. Y finalmente, tal vez el punto principal: el botín del Poder Ejecutivo, a tiro de piedra por la fragilidad legal y aislamiento político del presidente. Ahí deben estar salivando casi todos los involucrados, sobre todo los miembros de Acción Popular. En momentos en que se discute el presupuesto público, los congresistas buscan aprobar proyectos para sus regiones sin los requisitos técnicos, y ahora, sin el estorbo del MEF. Es evidente que estos fondos serán utilizados en clave de campaña política.
Esta coalición, sin embargo, mostrará sus fisuras más temprano que tarde. Una cosa es el objetivo común de vacar al presidente, otra muy diferente gobernar el país. A estas alturas debe quedar claro que Merino es un títere, de ninguna forma es el cerebro del grupo, el organizador, ni mucho menos el líder carismático. Como bien explicó hace varias semanas Carlos Bedoya, todo apunta a que el grupo de extrema derecha “Coordinadora Republicana” sea el gran titiritero en esta conspiración. Sus miembros hoy celebran, uno de ellos acaba de ser nombrado Premier. Pero será difícil que su inclinación autoritaria y su propensión a darle “confianza” al empresariado sea del todo compatible con las agendas que podrían llamarse de “populismo salvaje”, como la liberación de Antauro Humala o el desmantelamiento irreflexivo de los fondos de pensiones. No sería extraño que la coalición implosione desde dentro, por desacuerdos sobre la repartija esperada. Ese es uno de los riesgos de tejer alianzas en una olla de grillos.
El riesgo principal, sin embargo, viene por la falta de legitimidad del gobierno. Sus defensores insisten en la tesis vacía de la legalidad sin legitimidad. Lo único que han mostrado hasta ahora ha sido represión policial y el nombramiento de un cadáver político como Premier. Apuestan a que los mercados recuperen la confianza, a que la comunidad internacional acepte al nuevo presidente (al escribir esta columna, la OEA tan solo expresaba su preocupación) y a que las protestas sociales se disipen. Esto último difícilmente ocurra: una gran parte de la ciudadanía está indignada -me incluyo- y no tiene disposición a aceptar esta farsa. La movilización continuará y si la respuesta sigue siendo represión policial, lo que vendrá será el escalamiento del caos. Hasta ahora ha habido movilización espontánea, básicamente juvenil. El gobierno no tiene cómo aguantar una movilización a toda regla y a nivel nacional.
¿Cómo saldremos de esto? Es muy difícil pronosticar el desenlace. Una posibilidad es que se consume el golpe y las cosas poco a poco vuelvan a la “normalidad”. Otra es que la presidencia de Merino termine con una vacancia desde el Congreso, por promesas incumplidas a algunos grupos que fácilmente pueden sumar los 66 votos necesarios para sacarlo. Una tercera es que la protesta y el desgobierno escalen a niveles insostenibles y haya una salida extra-constitucional a la farsa que empezó este lunes. El abanico de opciones va desde una Asamblea Constituyente hasta un clásico golpe militar, pasando por varios matices pero con un elemento común: incertidumbre política. En cualquier caso, el sueño de la restauración conservadora vía desmantelamiento de reformas -restauración que no podía llegar de otra forma que no sea mediante una irregularidad ilegítima- se perfila como una pesadilla.