El debate político en el Perú actual podría resumirse en “quién es más ladrón”. Ese es el tema general y lo discutimos desde el inicio del caso Lava Jato. No es una discusión en profundidad sobre cómo funciona la corrupción en el Perú. No estamos discutiendo el modelo de las asociaciones público privadas (APP), ni cómo se articula el poder económico con las camarillas políticas, ni qué tipo de beneficios indebidos reciben los congresistas -si fuera el caso-, ni de la descentralización de la corrupción, ni cómo participan los medios de comunicación en el proceso. La discusión es sobre los personajes políticos y sus responsabilidades, principalmente individuales, en casos de corrupción. Quién es más ladrón, en resumen.   

No creo que el meollo del problema en este momento sea el modelo económico liberal. Recordemos que ese modelo no funciona igual en todas partes. No existe el neoliberalismo en estado puro, es un proyecto político diferente en cada caso que siempre termina en un híbrido. Las instituciones, las formas de organización local le impregnan su sello. En el Perú el neoliberalismo exacerbó la desigualdad, trajo nuevas variantes de corrupción a gran escala, coexistió con el descalabro institucional y, en términos de infraestructura física, quedó en deuda a lo largo y ancho del territorio nacional. El neoliberalismo también trajo al Perú, como es evidente, crecimiento económico. Y ese no es un tema secundario: todos queremos tener más plata, individualmente, y también, queremos que el país sea más fuerte y próspero. Nadie quiere ser más pobre.

El problema principal es político: existe una costra corrupta y decadente que se resiste a perder su poder. Hay redes históricas de corruptela, que han obtenido rentas y riquezas del Estado desde antes de la fundación de la República. Siempre ha sido así y la resiliencia de estos grupos es muy fuerte (cf. Historia de la Corrupción, de Alfonso Quiroz). Actualmente, esta costra convive con otras redes políticas emergentes, vinculadas a fortunas políticamente disputadas, como por ejemplo, algunas universidades. La versión pintoresca son los grupos de extrema derecha con discurso delirante sobre conspiraciones globalistas. Pero esa es la anécdota, la esencia está más bien en grupos experimentados en vivir a costa del Estado.

Ya sea a través de puestos públicos, licitaciones, lobby legislativo, presión judicial o ejecución del gasto: existe toda una economía de personas dedicadas a obtener rentas del Estado. Sus expresiones políticas son un negocio en sí mismo, lo que explica que haya tanto “partido” y tanto transfuguismo en el país. Y esta configuración explica también el entrampe de la reforma política y, más recientemente, la transición democrática luego del golpe parlamentario de hace un par de semanas. Esas redes saben que su juego podría acabarse a partir de abril de 2021 y harán todo lo posible por mantenerse bien abrazados al poder. Una de sus cartas será posicionarse como defensores del modelo económico. 

Así, la discusión sobre el modelo sin duda será manipulada por los sectores más decadentes de la política nacional. Aprovecharán para meter miedo, dividir, pactar con algunos grupos y operar como puedan con los medios de comunicación. Los veremos jugarse un partido decisivo. Difícilmente lograremos pasar de la discusión sobre quién robó más a un debate programático serio. Lo que veremos será, en cambio, instrumentalización de la discusión constitucional para intentar salvar el declive político inminente. La estrategia es evidente: transmitir el mensaje de que el cambio de Constitución tiene un objetivo secreto, que es en realidad que el Perú se empobrezca. Porque así son los comunistas, buscan desestabilizar para controlar a la población y empobrecer al país para enriquecerse ellos de forma tiránica. Por increíble que parezca, muchos se creerán esa narrativa. Por otro lado, muchos creerán otro argumento que en verdad sí es bastante razonable: ¿qué nos garantiza que quienes escriban la Constitución serán mejores que los que tenemos ahora? Nada lo garantiza, tienen razón. Me imagino una pesadilla peor: la Constitución de los 105 golpistas, con libertad de empresa para las universidades bamba y represión policial para los "antisistema".

El momento constituyente necesita concretar dos pasos decisivos: el triunfo electoral y la consolidación de la reforma política. El triunfo electoral implica recoger el sentimiento de las recientes marchas ciudadanas: los grupos más rancios no pueden robarnos el país. Tienen que desaparecer del mapa político. Para eso habrá que optar por alguno de los candidatos que se oponen a esta decadencia: destacan Guzmán, Mendoza y Forsyth entre los que tienen posibilidades. Y luego habrá que concretar la reforma política. Ojalá podamos estabilizarnos en cuatro partidos que representen la izquierda democrática, la derecha liberal, el populismo de corte emergente y la derecha conservadora. Esta última en alguna variante más o menos seria, no el espectáculo grotesco que presenciamos ahora.

Ya vimos que los políticos en decadencia están dispuestos a todo. Los tenemos que jubilar, ese es un objetivo altamente realizable en el corto plazo. La discusión sobre el modelo económico liberal y el resto de elementos de un nuevo pacto social hay que tenerla en serio, sí, pero no con los viejos lesbianos.