Castillo tomó una decisión muy torpe. Frente a las protestas agrarias y de transportistas, que habían comenzado a escalar en ciudades como Huancayo, Ica y Huánuco, decidió declarar inamovilidad ciudadana por 22 horas en Lima. Hizo el anuncio cuando faltaban 15 minutos para la medianoche del 5 de abril, 30 aniversario del autogolpe. Una ciudad de 11 millones de personas repentinamente en cuarentena estricta, al poco tiempo de salir de una pandemia brutal. Perú había tenido, hasta ahora, el peor horror de covid en el mundo.

Castillo se aterró con la inminente llegada a la capital de la marcha de transportes y alimentos. Y entonces decidió poner un escudo: el cierre total de Lima. La excusa que circula es que había informes de inteligencia que indicaban acciones desestabilizadoras que podrían traer un caos extremo a la capital. Esta hipótesis fue respaldada por el Almirante Montoya, quien dijo que “habían llegado a sus oídos” reportes de ese tipo. Sin más evidencia por ahora, Castillo anunció la medida cuando la mayor parte de la población estaba dormida. Al día siguiente, los mercados estaban abiertos, con productos que habían llegado luego del paro, pero con pocos compradores. Reinaba el desconcierto.

Hacia mediodía hubo cacerolazos en varios distritos de Lima, según los reportes, principalmente de la llamada “Lima moderna”. Comenzaron a circular videos caseros de marchas por el bypass de Arequipa con Javier Prado y otros lugares. Y empezó a llegar gente, masivamente, a la Plaza San Martín.

En algunos chats de gente limeña con plata, sobre todo en su vertiente corporativa-tradicional-anticaviar, la efervescencia fue alta. Esta es sin duda la marcha más importante en la que ha participado el sector político-social que trató de convencer al país del fraude electoral que supuestamente había organizado Perú Libre para robar la elección.

El asunto es que hoy Castillo dio el motivo aglutinador que los grupos movilizados en su contra estaban esperando, aunque estos grupos no tuvieron liderazgos visibles. Quienes insistieron en el fraude estaban descolocado frente a la opinión pública, y sus marchas eran cada vez más ralas. Pero ahora su agenda estaba alineada con la realidad. Y la reacción ciudadana espontánea sobrepasó largamente su capacidad organizativa. El decreto de inamovilidad social fue inaceptable y ocasionó el repudio generalizado. La inconstitucionalidad no es difícil de argumentar: violentó los derechos fundamentales de aproximadamente 11 millones de personas por el temor a una marcha de protesta. Es el reflejo más autoritario que uno podría imaginar. Y en términos de forma, todo tuvo el sello de improvisación y precariedad que ha caracterizado al Gobierno de Castillo.

Las imágenes posteriores, de vandalismo, robos y ataques a las sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, le dieron el toque brutal a la jornada. Aparecen rápidamente sospechas de que al lumpen espontáneo y profesionalizado podría estar sumado el direccionamiento político, aunque es difícil determinar el peso de cada cosa.

A nadie le gusta que lo encierren. Menos por una arbitrariedad. Y menos que lo haga un presidente que viene demostrando incapacidad evidente para gobernar, hace 9 meses. Si lo que vimos no califica como incapacidad moral, entonces tendremos que asumir que la presidencia puede caer en manos de cualquiera, para que haga lo que sea. Un inimputable, digamos.

Castillo no puede seguir, seamos serios. La mejor salida que tiene ahora es renunciar y transferir el poder lo más ordenadamente posible. Así como estamos, no vamos a avanzar. Tampoco vamos a avanzar con un proyecto estilo Merino: la maquinaria de la derecha tiene que entender que eso tampoco va a funcionar. Y ahora vimos que la alternativa megalómana sin gestión no es defendible. Toca pensar una transición mínimamente razonable.