La encuesta de hoy domingo 28 de agosto, elaborada por el IEP y publicada en La República, muestra un aumento en la popularidad de Pedro Castillo de 10 puntos desde comienzos de agosto. También muestra una caída en la aprobación del Congreso, que llega a 8%.

¿Cómo se explica la subida de Castillo? A pesar de todos los cuestionamientos en su contra, y la sensación en buena parte de la prensa y la élite de que su caída es inminente, el presidente en vez de reducir su aprobación, la aumenta.

Ya varios analistas han comentado que su estrategia de acercamiento a las organizaciones sociales está dando resultados. Coincido con esta interpretación. Sin embargo, creo que es necesario analizar su significado político en mayor profundidad y reflexionar sobre qué tanto esta estrategia puede sostener al presidente en el tiempo.

Las promesas incumplidas del sistema

Para analizar la coyuntura hay que recordar el contexto mayor que explica la presidencia de Castillo. El factor determinante, el punto de quiebre, fue el horror de la pandemia. La situación de precariedad y disfuncionalidad que evidenció la pandemia puso fin a la viabilidad del sistema neoliberal peruano, ese de alentadoras cifras macroeconómicas combinadas con miseria, empoderamiento de mafias y sistema político en decadencia.

Luego de las colas del oxígeno, los caminantes abandonando Lima, el título mundial en muertes por millón, el comportamiento buitre de las clínicas y la patente incompetencia del Estado, luego de todo ese triste espectáculo, el “milagro peruano”, el establishment, ya no era defendible ni menos vendible electoralmente. La ciudadanía escogió la opción más alejada de las opciones habituales, la opción que suponía mayor novedad. Hay por supuesto otros factores, como el trabajo político de Perú Libre, determinante en un contexto de fragmentación del voto, y también el rol fundamental del rechazo al retorno del fujimorismo que le dio el triunfo a Castillo. Pero el factor de fondo, el que permite lo demás, es el contexto de agotamiento del sistema con la pandemia.

Pedro Castillo no fue un buen candidato, no tenía ideas, ni mensajes claros, ni inspiraba confianza ni nada, simplemente ofrecía una imagen nueva y de claro origen popular, que fortalecía el voto de identificación. Su victoria expresa, simbólicamente, la necesidad de cobrarle las deudas al sistema. Y esto es importante ahora porque los representantes más rancios de ese sistema, el elenco más estable de la política nacional, insisten hoy en capitalizar del desastre actual del gobierno para legitimarse. Todos los días, en coro, los vemos en la gran prensa y la TV de señal abierta con un discurso vengativo que repite la idea de que ellos eran y son la mejor opción, que la gente debió en realidad “escuchar” y optar por el hampa fujimorista, y que ahora cojudignos e ignorantes pagamos las consecuencias por la elección de Castillo.

En suma, insisten en una suerte de regreso a una situación política que ya fue rechazada en las condiciones más dramáticas. El Congreso actual es también el recuerdo de esa forma de hacer política. Y ahí están sus niveles de aceptación. Asumir que es posible regresar al pasado sin asumir que el sistema ya hizo agua y necesita reformarse, es una actitud no solo ingenua, sino suicida.

Interés público e intereses particulares

Ahora bien, el gobierno de Castillo no estuvo a la altura del desafío que tenía por delante y ya demostró largamente incompetencia, corrupción, frivolidad y, en mi opinión y la de muchos, inviabilidad. Sin embargo, su popularidad ya no baja sino sube, y esto requiere una explicación.

La explicación está en clave de lo anterior: el agotamiento del sistema. Hay varias características de las relaciones Estado-sociedad que son relevantes para esta discusión: los altos niveles de informalidad en la actividad económica, el cada vez mayor poder de las distintas mafias que operan en el país, la tendencia de las élites de acceder a servicios y solucionar sus problemas por fuera del Estado, la política como vía de enriquecimiento en actores que no tendrían mayores posibilidades por la vía privada.

Sobre la informalidad sabemos que gran parte de la población tiene un trabajo informal, que vive al día y que las discusiones sobre legislación laboral no les afectan directamente. Pero la informalidad no se limita a la pobreza, sino que a través de ella también se crean fortunas: transporte informal, minería informal, comercio informal. Y en una lógica más perversa están las economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de terrenos, la tala, la minería en zonas prohibidas, etc. El gobierno ha entablado relaciones directas con varios de estos sectores (véase por ejemplo las declaraciones de Castillo junto a mineros informales diciendo que “las concesiones son para quienes las trabajan”). Y estos sectores hace rato que tienen representación política. Ganan municipios, gobiernos regionales, ponen congresistas… y ahora tienen con bastante claridad acceso al gobierno nacional. Es, digamos, una versión extrema del “gobierno del pueblo”. Si el pueblo es básicamente informal, ¿por qué la mediación política tendría que ser institucionalista?

El acercamiento a dirigentes y organizaciones sociales es similar. Esta es una estrategia explícita, de convocar ronderos, líderes gremiales, dirigentes. Muy probablemente cada uno de estos tenga alguna agenda particular, legítima o no, y por ende una expectativa de cumplimiento por parte del gobierno. Y a la luz de las declaraciones de Castillo, él entiende su rol como un agente que “directamente” hace gestiones por el “pueblo”.

Así, el gobierno del pueblo representa, de forma populista, arbitraria y selectiva, una versión del pueblo: la de algunos dirigentes, ciertas organizaciones sociales, determinados intereses. Si el sistema no resolvía los problemas de forma integral, tal vez ahora pueda dar soluciones concretas a demandas particulares. Y en ese sentido el gobierno, con su nuevo y amateur elenco de la gestión pública, representa un cambio. Es muy probable que, además de los ciudadanos que se identifican con la figura del presidente o quienes detestan aún más a la oposición, la subida en las encuestas exprese las expectativas de grupos que calculan que ahora sí sus demandas están siendo atendidas.

El gobierno del pueblo sin gestión

El problema principal es que este cambio profundiza la descomposición del Estado. El gobierno de Castillo no ha impulsado una sola reforma relevante. No tiene políticas públicas que destacar. El desmantelamiento del aparato público es de niveles insospechados incluso para el Perú, que nunca se caracterizó por tener una burocracia sólida, pero había avances, que tardaron años en construirse y ahora se destruyen rápidamente. Como ha quedado ya bastante claro, la incompetencia y el particularismo son caldo de cultivo para la corrupción, que es cada vez más generalizada.

Cualquier lógica de interés público, de mejoras de conjunto, que apunte a resolver los problemas sociales de forma integral, no tiene cabida en este gobierno. Estamos en el festival de la atención de demandas particulares, y por extensión, de los escándalos cotidianos. Pero esa lógica tiene un techo bajo.

No se puede atomizar indefinidamente la acción del Estado, que por principio tiene carácter colectivo y debe atender los problemas sociales en función del bien común. La lógica del cuoteo, y de las prebendas, sirve para tejer alianzas que le permiten al gobierno mantenerse. Un mínimo de apoyo y popularidad en un contexto de fragmentación y desmovilización podrían ser suficientes para que Castillo se mantenga en el cargo, si no fuera por dos factores: las cada vez más avanzadas investigaciones por corrupción y la magnitud de los problemas sociales y económicos que enfrenta el país.

Sobre la corrupción no me detendré porque es algo que ya está bastante documentado y discutido. Es evidente que, en esta lógica de atención a intereses particulares, el entorno del presidente ha incurrido en prácticas de corrupción. Está pendiente la prueba irrefutable que involucra al mandatario directamente. Pero es claro también que lo que sabemos es la punta del iceberg y que, en realidad, todo el entorno angurriento que rodea a Castillo ha tenido prácticas que apuntan a la vieja estrategia de enriquecerse a costa del Estado.

Pero más allá de la política y su judicialización, la perspectiva socioeconómica es alarmante y más temprano que tarde pasará una factura alta. La inflación, la crisis alimentaria, los servicios públicos colapsados son todos problemas graves que, incluso un gobierno híper calificado tendría problemas para solucionar. Estos problemas requieren intervenciones complejas, sofisticadas y planificadas, no disponibles en este gobierno. El piloto automático no va a durar indefinidamente y las presiones aumentarán al punto de que el descontento social empujará al gobierno a ensayar respuestas más audaces, y ahí los errores serán todavía más patentes.

Y esto es mencionando solo los problemas más urgentes, pero sin discutir los desafíos de medio y largo plazo como el cambio climático, la deforestación, la intensificación de los desastres naturales, la proyectada escasez de agua en la costa del país; el posicionamiento del Perú frente a la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos; el rol de nuestra riqueza mineral para la transición energética global; la necesidad de enfocarnos en mejorar nuestra competitividad. Y así un largo etcétera de temas de fondo que deberíamos estar discutiendo, pero no podemos atender por la inestabilidad política permanente.

Sin salida clara a la vista

Hace tiempo que la caída de Castillo es “inminente” pero no llega ni sabemos realmente qué pasará si el presidente deja el cargo. Esta incertidumbre por el siguiente paso es parte de lo que sostiene este gobierno. Más aún cuando ciertos actores, ampliamente rechazados, proponen un “retorno” al desastre anterior, como si la incapacidad de Castillo fuera prueba de que en realidad el país andaba muy bien.

En mi opinión, Castillo no debe seguir siendo presidente, no solo por la corrupción sino porque el desmantelamiento institucional al que nos empuja nos llevará a cosechar todavía más tempestades. Los costos de que se quede son muy altos.

La salida a la crisis debe ser institucionalista. Es decir, por una parte, una salida en el marco constitucional y que no nos traiga unos precedentes que profundicen la ingobernabilidad que hay en el país. Pero, por otra parte, que los sectores ciudadanos preocupados por el interés público se movilicen para defender una agenda institucionalista, que rechace la visión patrimonial del Estado. Para esto es necesario recuperar una agenda de reformas, que pasa por la justicia económica y la incorporación de actores informales al sistema. Y a partir de esto construir una alternativa, que responda a la crisis sistémica de la cual Castillo es un síntoma, más que una causa. Si se insiste en un retorno a la situación anterior, y más aun con el liderazgo de cadáveres políticos, solo se prolongará la agonía.

Hay escasas posibilidades de que una agenda de reformas, de justicia económica y fortalecimiento del Estado salga del Congreso, de la gran prensa o de los políticos que simbolizan el sistema y actualmente se pasean pontificando por los medios de comunicación. El desafío está en recuperar una agenda institucional, de interés público, por parte de una ciudadanía que, lamentablemente, no está organizada políticamente. Pero es lo que toca hacer ahora. Porque en esta historia, como decía Carlos Reyna, el congreso solo va a certificar el desenlace.