Esta semana, entre el 10 y 16 de noviembre, se realizará en Lima la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés). Es la tercera vez que Perú es anfitrión de esta reunión, lo fue antes en 2008 y 2016. Pero en esta ocasión el país atraviesa una aguda crisis política, exacerbada por un aumento sin precedentes en la criminalidad y el reinicio de jornadas de protesta ciudadana. A esto se suma la situación dramática de la ciudad de Lima, colapsada por el tráfico, el aumento de la informalidad en el transporte y el cierre simultáneo de vías por obras y mantenimiento de infraestructura.

Ante este panorama, las autoridades están haciendo todos los esfuerzos posibles por ocultar la situación en la que se encuentra el país y el caos que se vive en su capital. El gobierno ha declarado teletrabajo para el sector público el 11, 12 y 13 de noviembre y días no laborables para el sector público y privado en Lima y la provincia de Huaral los días 14, 15 y 16 de noviembre. Además, ha decretado que la educación pública y privada en Lima y Huaral será virtual el 11, 12 y 13. Esto significa que alrededor de 2.4 millones de niños no irán al colegio durante toda la semana, primero por el anuncio de último momento de clases virtuales, luego por los días no laborables en que no habrá clases, ni virtuales ni presenciales. Las restricciones a la educación van en contra de la propia narrativa del gobierno de promover un “APEC ciudadano”, que acerque la reunión a las necesidades de la población. Las universidades hubieran sido un importante espacio de debate y aprovechamiento de oportunidades que trae este foro.

El propósito de estas medidas restrictivas es doble. Por un lado, al paralizar la ciudad, las autoridades buscan esconder el caos que se vive en Lima. Si las personas no asisten a sus trabajos y los niños no van a la escuela, el tráfico en la ciudad disminuye y reduce el riesgo de que presidentes extranjeros pasen horas varados en sus trayectos, presenciando además la informalidad en el transporte, la insuficiencia de la infraestructura y la inseguridad generalizada. Por otro lado, el gobierno busca reducir las posibilidades de que se intensifiquen las marchas de protesta en su contra. Para evitar movilizaciones durante el APEC, los mensajes del régimen han ido desde amenazas de acusar de “traidores a la patria” a quienes protesten, hasta a hacer exhortaciones públicas a la sociedad civil para que eviten acciones que afecten el normal desarrollo de las actividades de la reunión.

El nerviosismo es comprensible si se compara la precariedad del régimen peruano con la importancia del evento internacional. A la reunión vienen mandatarios y altos funcionarios de al menos 14 de 21 países miembros de APEC. Los jefes de Estado confirmados incluyen a Joe Biden y Xi Jinping. El presidente estadounidense inicia un viaje de seis días por América Latina con su visita a Lima. Luego irá a la Amazonía brasileña, a Manaus, por primera vez para un presidente de ese país. Esta es además la primera visita oficial de Biden tras el triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones. Por su parte el presidente de China aprovechará la reunión de APEC para extender su acuerdo comercial con Perú, para lo que vienen en su delegación aproximadamente 400 personas interesadas en invertir en proyectos de infraestructura y tecnología en el Perú. Xi Jinping aprovechará también para inaugurar el nuevo puerto de Chancay, construido y operado por la empresa china Cosco Shipping y cuya finalidad principal es promover el comercio entre América del Sur y China, en un proceso en el cual no hay claridad respecto a las regulaciones que podrá imponer Perú para el funcionamiento de un puerto en su territorio. La inauguración del nuevo puerto se hará desde palacio de gobierno por los presidentes, con delegaciones de ambos países ubicadas en el puerto. La inauguración desde palacio sería “por razones de seguridad del propio presidente chino”. Sin embargo, la provincia donde se ubica Chancay, Huaral, también paralizará sus actividades durante la APEC, incluyendo la suspensión de clases escolares presenciales.

La indiscutible importancia geopolítica del Perú contrasta con su situación política nacional. Una encuesta de Ipsos en octubre mostró que la presidenta Boluarte tiene 4% de aprobación y 92% de desaprobación ciudadana, un récord mundial. La encuesta muestra también que el Congreso de la República tiene 6% de aprobación y 88% de desaprobación. Hay un consenso entre los analistas locales de que el poder ejecutivo está sometido al Congreso, que en los últimos años ha legislado abiertamente para favorecer intereses particulares, favorecer grupos criminales, generar impunidad para casos de violaciones a los derechos humanos y cambios constitucionales que atentan contra la separación de poderes y el funcionamiento democrático.

El régimen político se basa en lo que se denomina localmente el “pacto corrupto”, que lidera el Congreso pero incluye también al gobierno, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Lo que une al pacto son las agendas para favorecer intereses particulares, el manejo de prebendas en el acceso al presupuesto público y los objetivos de impunidad de políticos que enfrentan graves acusaciones en el sistema de justicia. Controlar los sistemas de justicia y electoral es el siguiente objetivo de la coalición en el poder.

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Boluarte, quien era la vicepresidenta, rápidamente forjó una alianza con los principales partidos en el Congreso, incluyendo los enemigos políticos del ex presidente. Esto desencadenó una ola de protestas conocida como el estallido social peruano entre 2022 y 2023, que dejó un saldo de 49 personas asesinadas por las fuerzas del orden. Luego de estos trágicos sucesos, el denominado “pacto corrupto” se consolidó en el poder y las protestas disminuyeron.

Sin embargo, debido a los nulos éxitos de gestión del régimen, los permanentes escándalos de corrupción y un incremento sin precedentes en la inseguridad ciudadana, en las últimas semanas han vuelto las manifestaciones, esta vez no desde los departamentos del sur sino principalmente en Lima, con marchas de transportistas y comerciantes ante la insoportable ola de extorsiones y asesinatos en el país. Son estos colectivos de transportistas y comerciantes quienes han anunciado un paro nacional para el 13, 14 y 15 de noviembre. A esto se suma un rechazo unánime por parte de la sociedad civil frente al arbitrario y autoritario anuncio de suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos durante esta semana.

En suma, el precario régimen peruano intenta ocultar su disfuncionalidad para recibir a los líderes de APEC. Frente a los evidentes problemas del régimen y la casi nula aprobación ciudadana, el gobierno no puede darse el lujo de que los visitantes vean la situación como realmente es. Menos puede darse el lujo de que haya noticias sobre marchas y violencia que opaquen la foto triunfal de la reunión. El daño, sin embargo, ya está hecho. Los líderes globales que vienen están perfectamente informados por sus embajadas (y por las noticias) de la situación del país. Son políticos experimentados que fácilmente entienden qué tipo de gobierno es capaz de suspender la educación de más de dos millones de niños para guardar las apariencias. En la APEC se discutirán temas comerciales y geopolíticos de la primera importancia. El gobierno peruano está muy lejos de dar la talla. No se puede tapar el sol con un dedo.