La presidencia de Jerí es, como sabemos, la presidencia del Congreso, que por fin cumplió (otra vez) su fantasía de gobernar ejerciendo directamente el Poder Ejecutivo. Es la repetición (esta vez como farsa) del breve gobierno de Manuel Merino. La coalición promotora es la misma: sectores ultraconservadores en alianza con políticos oportunistas, redes de magistrados, policías y militares, todos ellos dedicados a parasitar el Estado. El proyecto político también sigue siendo el mismo: gobernar a través de un títere para favorecer intereses particulares, asegurar la impunidad y controlar el proceso electoral, sin rendir cuentas a la ciudadanía por su casi nula capacidad de gestión.

En términos formales, de sucesión constitucional, la figura es exactamente igual a la del periodo anterior. La secuencia PPK, Vizcarra, Merino es la misma que Castillo, Boluarte, Jerí: cae el presidente, asume el o la vicepresidente, el Congreso vaca a este y el presidente del Congreso asume directamente la presidencia de la República. Empezamos con un presidente electo, terminamos con un congresista (o dos) ejerciendo la presidencia. El nuevo modelo peruano.

La furia ciudadana que se desató con la presidencia de Merino se explica por varios factores, pero uno de ellos es que cuesta mucho digerir que un personaje desconocido, sin significado político, sea de pronto el presidente, más aún en tiempos de aguda crisis. La figura del presidente tiene un papel simbólico fundamental: por más desafección de la política que haya, el presidente es el referente político más importante. Nunca pasa desapercibido, como podría ocurrir con un presidente del Congreso.

Por más títere, frívola e incapaz que haya sido, al menos Boluarte estaba en la plancha de Castillo, el ganador de las elecciones, quien hizo un pésimo gobierno (no debemos olvidarlo), pero ganó las elecciones. Ahora la banda de mafiosos que gobierna sin respaldo popular busca imponer otro presidente, otro títere, esta vez puesto directamente por ellos, sin intermediación.

Y la ciudadanía lo rechaza, algunos incluso se toman la molestia de salir de su vida cotidiana para exponerse al peligro de la represión en las marchas. Lamentablemente, un ciudadano ha perdido la vida y hay varios heridos.

La solución es clara: un gobierno de transición que garantice elecciones limpias y que atienda con credibilidad la lacra de la extorsión y la inseguridad ciudadana. Eso implica derogar las normas que favorecen a los criminales. Pero no solo eso, implica necesariamente que el pacto que hoy gobierna ya no ejerza el poder: ni a través de un títere, ni a través de un duro orgánico como Rospigliosi, ni a través de un militarote, que es el sueño de algunos.

Debe asumir la conducción de la transición un congresista, hombre o mujer, que sea serio, sin vínculos con el pacto mafioso que hoy gobierna y que tenga credibilidad para liderar una transición ordenada, con elecciones limpias y sin arbitrariedades.

El país no puede soportar más tiempos de rapiña política como estos. Ya tuvimos bastante de tragedia como para repetir la historia nuevamente como farsa.