Circulan uno o más borradores del pedido de facultades que presentará el flamante gobierno de Keiko Fujimori al Congreso, acompañados de al menos una versión borrador de su “exposición de motivos”. Estos documentos todavía no son oficiales, pero sí dan bastantes luces sobre los verdaderos planes del gobierno en temas críticos de política pública.

Y digo verdaderos planes porque lo primero que llama la atención es la brecha entre lo que proponen estos documentos y lo que señaló la presidenta en su mensaje al Congreso el 28 de julio. En ese mensaje hubo principalmente anuncios de corte populista, como el aumento del sueldo mínimo y Pensión 65. El pedido de facultades tiene un tono abiertamente pro inversión privada, con un lenguaje de tramitología que hace recordar a la lógica del perro del hortelano que desarrolló Alan García.

Por otro lado, es significativo que el anuncio del gabinete se concretó cuando ya circulaban los documentos de pedido de facultades. Es muy posible que estos ministros (varios de ellos con trayectoria mediática en la discusión pública, pero sin experiencia en su sector) no hayan sido los autores de las propuestas incluidas. Esto hace suponer que varios ministros tendrán un rol mediático, de manejo de narrativas, antes que de definición de políticas estratégicas para los sectores. La línea política ya vendría conversada desde antes.

El pedido de facultades y su exposición de motivos abordan diversos temas de fondo. Recordemos el título del borrador que circula, en mayúsculas como el original: LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES Y DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y FOMENTO DE LA FORMALIZACION, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, IMPULSO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, DESREGULACION Y ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS, REFORMA ESTRUCTURAL Y MODERNIZACION DEL ESTADO Y MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE FACILITACION DEL COMERCIO.

Con tantos temas, si el pedido de facultades se aprueba, el gobierno tendrá la posibilidad de reformar a fondo varios problemas de política pública. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo: claramente hay problemas de fondo que deben abordarse y sí es cierto que el camino puede ser más expeditivo si el Poder Ejecutivo define marcos regulatorios que le permiten implementar sus políticas. Hay, sin embargo, desafíos de fondo y forma: qué tipo de políticas se están planteando y hasta dónde estos se quieren discutir democráticamente. Sobre esto último, sobre las formas, es llamativo que la primera disposición complementaria del borrador señale que los decretos legislativos que emanen de esta ley “se encuentran exceptuados de la aplicación de la agenda temprana, la consulta pública, el análisis de impacto regulatorio ex ante, el análisis de calidad regulatoria y cualquier otro instrumento, procedimiento, evaluación u opinión previa comprendido en el régimen de mejora de la calidad regulatoria”. Así, estaríamos ante un verdadero paquetazo, que no es objeto de debate y al que habría que someterse al ser aprobado.

Pasando a los temas de fondo, haré algunos comentarios generales y luego me detendré en los temas vinculados al medio ambiente y los recursos naturales. Reitero que el pedido abarca muchos temas, varios de ellos centrales y polémicos. Por ejemplo: mayor participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana; promoción de la inversión privada en el sistema penitenciario; reformas laborales y tributarias orientadas a la formalización y la simplificación en general; reformas sobre causales de despido; facilitar el saneamiento y titulización de la propiedad inmueble; simplificación normativa para promover la infraestructura; modificación del régimen de feriados; digitalización de las actividades del Estado; beneficios y exoneraciones tributarias; reforma estructural del Estado, entre muchos otros.

Como sabemos, el diablo está en los detalles. Cada uno de esos temas tiene problemas que requieren reformas. Este paquete viene así, en paquete, y con una orientación abiertamente pro inversión privada. Y como está enunciado hasta ahora, parece presentarse en términos dicotómicos: lo tomas o lo dejas.

Las propuestas en materia ambiental y de recursos naturales son ilustrativas. El pedido de facultades incluye temas agrarios, pesqueros, de gestión de recursos hídricos, minería hidrocarburos y de gestión ambiental. En el tema minero, la exposición de motivos entra en muchísimo detalle, con diagnósticos y propuestas que ya han hecho conocidas la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El nivel de detalle del diagnóstico y las propuestas en los documentos es abundante, pero podrían resumirse en que existe una burocracia demasiado rígida y lenta que entorpece la inversión y demora innecesariamente los proyectos, por lo que se requiere simplificación administrativa, reducción de plazos, menor número de instituciones opinando. En síntesis, revertir la “permisología” que tiene trabados numerosos proyectos del sector.

En el tema de hidrocarburos, por otro lado, hay otro tipo de problemas. Los documentos señalan que el sector viene enfrentando una “prolongada crisis” y para hacerle frente las propuestas van en la línea de promover inversión, mecanismos de aprobación expedita y la modificación de regímenes legales de exploración y explotación y el régimen de regalías. Es cierto que el sector enfrenta una prolongada crisis, pero esta no se debe al régimen legal, sino a que el sector privado no ha invertido lo suficiente en exploración, ya que todo indica que no hay yacimientos significativos por descubrir en el país, además de las tendencias globales de descarbonización: no tiene sentido que un país no petrolero como Perú insista en esta industria si no existen condiciones para su éxito.

Por otra parte, el tratamiento de las regalías como poco competitivas podría hacer alusión a las altas regalías que paga el proyecto Camisea. Aquí debemos recordar que los lotes de Camisea revirtieron al Estado peruano, que tuvo la sartén por el mango para negociar regalías altas, ya que había depósitos comprobados de gas. Disminuir estas regalías solo favorecería intereses empresariales, no del Estado.

Comentario aparte merecen las propuestas referidas a la gestión ambiental y las áreas naturales protegidas, quizás la parte más alarmante del pedido de facultades en términos ambientales. Señalan que se busca “Modificar la normativa en materia ambiental y de recursos naturales y áreas naturales protegidas (…) simplificando y acortando los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales (…) así como garantizando que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegida se base en evidencia científica objetiva y clara, evaluada técnicamente y respeten los principios de legalidad y proporcionalidad”.

En la visión de estos documentos, el desarrollo del marco regulatorio ambiental ha generado en la práctica una serie de barreras y trabas que dificultan la inversión y limitan la competitividad. El tono es muy claro, el diagnóstico también: desregular y reducir el peso de las instituciones ambientales. La propuesta es la de una reforma sustantiva del marco regulatorio ambiental, que incluye la revisión del sistema de evaluación de impacto ambiental, reformas en los mecanismos de participación ciudadana, creación de una ventanilla única para permisos ambientales, reducir las multas y procesos administrativos sancionadores, entre otros. Y en términos de las áreas naturales protegidas, el objetivo es el de siempre: flexibilizar la posibilidad de realizar actividades económicas en estas áreas, principalmente en temas de pesca e hidrocarburos (como en los casos de la pesca en Paracas y el gas del Candamo).

Así, los objetivos y el tono del pedido de facultades ya están trazados. Es importante que todos estos temas sean materia de una amplia discusión pública, tanto en las esferas de la política como de la sociedad civil. En los temas ambientales y en general de aprovechamiento de recursos naturales, si bien los problemas burocráticos son innegables, también es innegable que es necesario fortalecer y profesionalizar la gestión pública para que el aprovechamiento de recursos y la gestión ambiental sea adecuadas.

Con instituciones debilitadas, presupuestos bajos y personal poco calificado es casi imposible que se produzcan evaluaciones, fiscalizaciones y autorizaciones eficientes y predecibles. Esto no se desarrolla en los documentos, ya que el objetivo no parece fortalecer el Estado. Reformas tan importantes tendrían que discutirse a fondo. El camino de la flexibilización a rajatabla podría profundizar problemas sociales y ambientales que a la larga serán contraproducentes para la competitividad del país y los propios objetivos sectoriales que se quieren promover.

El sector privado tiene intereses legítimos, pero estos son diferentes a los del Estado. Confundir ambas esferas puede ser un remedio peor que la enfermedad. Quien pretenda conducir los asuntos públicos debe tener claro que Estado y sector privado no tienen la misma lógica, ni los mismos objetivos.